El 8 de diciembre de 2016, Andrés Manuel López Obrador, en ese entonces líder del partido Morena, hacía un llamado al Secretario de la Defensa a regresar a los soldados a los cuarteles porque en diez años de la llamada Guerra contra el Narcotráfico había habido más de un millón de víctimas. “No se resuelve nada con el uso del Ejército, de la Marina, de las policías… la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia”, aseguraba.
Las organizaciones de derechos humanos, de víctimas, de desarme, han (hemos) denunciado durante más de una década los peligros de la militarización de la seguridad pública: aumentos en la violencia, escaladas de brutalidad, violaciones a derechos humanos, promoción de una cultura de violencia.
Varios estudios se centran en demostrar si la participación de los militares en el combate al narcotráfico tuvo un efecto en el incremento de la violencia a partir de la comparación entre entidades federativas donde se desplegaron operativos de la SEDENA y entidades donde no hubo tales operativos.
Particularmente relevante es el de Laura Atuesta, ‘Las cuentas de la militarización’, en el que a partir de sofisticadas mediciones econométricas afirma que “un 6% del total del incremento de los homicidios puede ser atribuible a la estrategia de seguridad actualmente vigente, y cuando hablamos específicamente de la participación de los militares este promedio se incrementa a 9%”. Diez años han sido suficientes para saber que se han implementado políticas de seguridad que no han dado resultado, lo que podemos afirmar no sólo porque la violencia continúa: 2017 y lo que va del 2018 han sido los años con más homicidios y estamos lejos aún de pacificar al país.
López Obrador llegó a la presidencia con esa promesa, clara y hoy fácticamente incuestionable. Pidió regresar a los militares al cuartel; aseguró que quería “abrazos, no balazos”; dijo claramente que la estrategia era fallida y que había que dejar de combatir “el mal con el mal”. Habló en campaña de una Ley de Amnistía, que fue definida contradictoriamente por sus colaboradores.
El giro de López Obrador
Pero apenas ganó, ese discurso empezó a desquebrajarse. Reconoció que las fuerzas policiacas no estaban listas para asumir las labores de seguridad. Lo cual es cierto, pero ha ignorado la demanda social a tener más policías, mejor capacitados, con más derechos y reconocimiento. Esto, mientras se hacían foros con familiares de víctimas de violencia y con ONG, que le pedían no aplicar “perdón” a la delincuencia.
Alfonso Durazo –quien será el secretario de Seguridad Púbica– dijo, en primera instancia, que el Ejército se mantendría en las calles por al menos cinco años más. En entrevista con Carlos Loret de Mola para Despierta, Durazo Montaño señaló que retirar a las fuerzas armadas de las labores de seguridad pública sería irresponsable.
Después tomó forma la noción de la Guardia Nacional, que se busca elevar a rango Constitucional, y que estará integrada, precisamente, por efectivos de la Marina y el Ejército. Es decir, se institucionaliza justo lo que por tantos años se criticó: el uso de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública.
Desde Morena han buscado quitar el desagradable término “militarización” del vocabulario. “Quiero ser muy enfática en esto: es policía, sí policía militar, policía naval, policía militar; es otra capacitación, es otra manera de actuación, es totalmente distinta. Obviamente el Ejército mexicano es el Ejército mexicano para salvaguardar la soberanía nacional. Las policías son las que van a atender estos temas de seguridad pública”, dijo Olga Sánchez Cordero, senadora y futura secretaria de Gobernación. Muchos aún estamos intentado descifrar a qué se refería Sánchez Cordero.
“Está claro que no es una militarización del país. Es la construcción de un nuevo cuerpo de seguridad, sí con disciplina militar, pero también con formación en materia de derechos humanos y una capacitación adecuada a lo que se requiere para atender la seguridad pública”, dijo por su parte Mario Delgado, coordinador de los diputados de Morena.
Durazo aseguró que este nuevo cuerpo será inmune a la corrupción, que no habrá violaciones a los Derechos Humanos, y que “traerá paz a todo el país”. Para ello, prometen capacitar a estos elementos en Derechos Humanos, en perspectiva de género, en prevención social, en procedimientos policiales… ¿Por qué no entonces capacitar, reconocer y pagar mejor a los policías? Quizá porque hasta ahora algunas promesas parecen ser lo mismo, pero con nuevos nombres.
Es verdad que el ‘Plan Nacional de Paz y Seguridad’ incluye temas que son prioritarios: cultura de paz, respeto a los derechos humanos, desarrollo económico, entre otros. Todo eso es importante y reconforta verlo dentro de las prioridades. Sin embargo, se mantiene el término “combate”, aunque quieran anunciar que ya no estamos en guerra, y se centra todo el análisis de la criminalidad en el narcotráfico, ninguna medida para la aplicación de la justicia o contra el secuestro, el tráfico de armas, la trata de personas, entre otros 22 delitos que ocurren en México.
Y volvemos a las palabras y los símbolos. Ver términos como reconciliación, cultura de paz o reinserción social, en un plan de seguridad, conecta con las personas; ayuda a la narrativa. Pero disfraza lo que realmente implica: la creación de un estado policiaco militarizado en México. Quizá es muy temprano para juzgar resultados, pero no es tarde para corregir lo que podría ser el abandono de una de las principales promesas –y expectativas– que dejó la campaña: un país en paz.
Con información de: RT
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