El Ejecutivo dice que por un lado existe el Instituto Federal de Telecomunicaciones y por el otro, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. El mandatario no distinguió entre regulación (territorio del IFT) y política pública (ámbito del gobierno y la SCT). Esta postura es política, porque quisiera tener control sobre las comunicaciones, es decir, tener un trato directo y clientelar con los dueños de las empresas de radiodifusión, telecomunicaciones y digitales.
Si usamos la analogía del beisbol que tanto le gusta al presidente, ni picha ni cacha ni deja batear. Recientemente desapareció la Subsecretaría de Comunicaciones de la SCT encargada de formular las políticas públicas de inclusión digital universal. A su gobierno le corresponde diseñar, implementar, ejecutar y evaluar políticas públicas digitales, pero por austeridad eliminó la instancia administrativa que posee esas atribuciones legales.
El gobierno no hace el trabajo que sí le corresponde, pero tampoco le gusta que exista un regulador de las comunicaciones autónomo. Esta postura es económica y moral: al mandatario le molestan los presupuestos de los organismos autónomos y los sueldos de sus principales funcionarios, que ganan más que el presidente, lo cual considera inmoral. El Ejecutivo quisiera tener esos recursos para destinarlos a sus propios programas asistencialistas. El presidente y los legisladores saben cómo minar la autonomía de las instituciones: reducen su suficiencia presupuestaria.
La autonomía surge porque se reconoce el carácter técnico y especializado de las instituciones para tutelar derechos fundamentales, regular los sectores económicos, atender las asimetrías en los mercados y reducir la discrecionalidad política en la toma de decisiones.
En México existen 10 organismos autónomos. Se trata de instituciones configuradas en la Constitución, tienen independencia jurídica de los poderes clásicos del Estado, surgen bajo la idea de equilibrio constitucional basada en los controles del poder, tienen la atribución de una o varias funciones primordiales del Estado en beneficio de la sociedad. Su independencia es para que alcancen sus fines independientemente de la temporalidad de los gobiernos en turno. Por eso poseen la facultad de expedir las normas que los rigen, capacidad para definir sus requerimientos presupuestales y mantener relaciones de coordinación con otros órganos del Estado.
1. La autonomía universitaria surgió porque había tensiones frecuentes con el gobierno, pero sobre todo porque el Ejecutivo federal no debía dictar qué se enseña y cómo se imparte el conocimiento universal, qué y cómo se investiga, qué libros se publican o cómo se difunde la cultura, preservando así la libertad creativa y de expresión. Por eso la UNAM es autónoma.
2. El Banco de México es autónomo para evitar que predominen los intereses políticos de coyuntura sobre los planes nacionales de largo plazo, para que el gobierno no intervenga en la política cambiaria, no ajuste la inflación a sus intereses y no ocasione una debacle económica.
3. El Instituto Nacional Electoral (INE) es autónomo para que sean los ciudadanos –y no el gobierno– quienes organicen los comicios, para erradicar fraudes, caídas del sistema y garantizar los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad y certeza en la elección.
4. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) es autónoma porque son el gobierno y sus funcionarios públicos quienes cometen violaciones a los derechos fundamentales. Ni modo que las mismas autoridades que violan derechos sean sus garantes.
5. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) es autónomo para que el gobierno no maquille ni manipule políticamente las metodologías, las cifras, las estadísticas, las encuestas, el censo y con ello engañe a la población.
6. La Comisión Federal de Competencia (Cofece) es autónoma para que las empresas (incluidas las del Estado) no dañen el bienestar de los consumidores, para que los compadrazgos o enemistades entre el gobierno y algunos empresarios no afecte la competencia económica.
7. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) es autónomo porque la evaluación de las políticas para erradicar la pobreza debe ser objetiva e independiente de quienes las formulan y ejecutan, para que no se comuniquen cuentas alegres de los programas sociales.
8. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (Inai) es autónomo porque son el gobierno, las autoridades y sus funcionarios quienes ocultan la información, y se requiere de un organismo que tutele el derecho de acceso a la información pública gubernamental, que debe ser garantizado por el Estado.
9. El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) es autónomo porque a los gobiernos les encanta controlar la comunicación, censurar o favorecer a los concesionarios de la radio y la televisión, controlar la internet y las tecnologías; para tutelar el derecho de acceso a las TIC, los derechos de las audiencias, la libertad de expresión y el derecho a la información a través de la radiodifusión y las redes de telecomunicaciones.
10. La Fiscalía General de la República obviamente debe ser autónoma para que no sea juez y parte en las investigaciones judiciales.
El Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) fue autónomo antes de que desapareciera para que la evaluación del Sistema Educativo Nacional fuera independiente del gobierno y las recomendaciones no fueran políticas.
La autonomía no es la panacea ni es impoluta de errores y personas que con su desempeño público han manchado o corroído esa facultad.
La autonomía debiera ampliarse al Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPREM), para que los contenidos radiodifundidos de los medios públicos no sean oficialistas, ideológicos, gubernamentales o carentes de independencia editorial, como ocurre actualmente, para que la sociedad tenga acceso a entretenimiento y fuentes de información confiables, sin apego a los intereses del gobierno en turno. Para que medios públicos, comunicadores y sociedad ejerzan su derecho a la información, como ocurre con la BBC británica que desde 1927 (mucho antes del neoliberalismo) una Carta Real garantiza su independencia de controles políticos y comerciales.
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