Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Chihuahua, Chih., a 21 de noviembre del 2022.- A través de la plataforma Change.org se están recabando firmas en apoyo del exfiscal Francisco González Arredondo quien fue detenido el día de hoy por la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) acusado presuntamente de haber “torturado” a exfuncionarios duartistas vinculados con el desvió de recursos por encargo del exgobernador César Duarte Jáquez.
Sin embargo, a través de esta plataforma de Change.org se dio a conocer que el trabajo realizado por el exfuncionario quien desempeñó el cargo de Agente del Ministerio Público y posteriormente el de Fiscal Especializado en Investigación de Violaciones a Derechos Humanos y Desaparición Forzada durante la pasada administración, fue calificado como un servidor público de carrera quien, en cumplimiento de la ley, y sobre todo, de su deber como Fiscal, realizó un trabajo ejemplar, apegado a derecho y dentro del ámbito de sus atribuciones en la investigación y sanción de hechos de corrupción cometidos por el ex gobernador César Duarte y de quienes integraron su red delictiva.
Por ese motivo, calificaron su detención como una “gravisima violación de los derechos humanos por parte del Gobierno del Estado de Chihuahua, a cargo de María Eugenia Campos Galván, sus colaboradores en la Fiscalía General de Estado y sus afines en el Tribunal Superior de Justicia.
Y para comprender la gravedad de estos hechos, es importante recordar lo siguiente. César Duarte Jáquez, terminó en el 2016 su periodo como gobernador del Estado de Chihuahua con bienes y propiedades que resultaron del desvío de más de 6 mil millones de pesos, y que se acreditó en las 14 órdenes de aprehensión libradas en su contra que sustentaron además su proceso de extradición por el que se encuentra actualmente detenido.
Fue a través de esa red delictiva que se desviaron recursos y que fue operada a través de funcionarios incondicionales quienes estaban frente a las dependencias de gobierno desde donde se construyó una “red de protección” que operaba mediante entregas de dinero en efectivo a diputados locales, el Auditor Superior del Estado, líderes de opinión, columnistas y medios de comunicación, incluso sacerdotes, lo cual fue probado en las audiencias públicas de cada una de estas causas penales.
Por lo que llevar a la justicia a Duarte y a sus aliados fue posible gracias a que decenas de servidoras y servidores públicos, valientes e íntegros, con estricto apego a la ley y en absoluto cumplimiento de sus atribuciones cumplieron con su deber de investigar estos hechos de manera profesional, imparcial y sin distinciones partidarias.
Hace unos meses, al inicio de la presente administración estatal encabezada por Campos Galván, antiguos colaboradores cercanos al régimen de César Duarte fueron designados en cargos importantes en los tres ámbitos de gobierno de Chihuahua.
En este contexto, los empresarios y exfuncionarios duartistas que en su momento se encontraban vinculados a proceso bajo prisión preventiva oficiosa o quienes fueron encontrados culpables de los delitos imputados e ingresados un centro penitenciario por hechos probados de corrupción, denunciaron haber sido víctimas de “tortura psicológica”.